El todavía presidente de Brasil, Luiz Inazio Lula da Silva, el mismo día que se despide de su cargo, ha rechazado la petición del gobierno italiano de extraditar al ex militante de extrema izquierda, Cesare Battisti, porque su situación personal podría ser "agravada" en el caso que fuese repatriado. Según ha anunciado el ministro de Exteriores de Brasil, Celso Amorim, Lula se ha basado únicamente en la opinión de la magistratura brasileña.
El ex militante de Proletarios Armados por el Comunismo (PAC) está condenado en Italia a cadena perpetua por cuatro homicidios cometidos a finales de los años setenta, los años más negros de la historia reciente italiana sacudidos por el terrorismo y conocidos como'años del plomo'. Según su abogado, Luis Roberto Barroso, "han pasado más de 30 años desde que se cometieron los hechos" y en este tiempo, el ex terrorista se ha convertido en "un productivo y pacífico escritor".
El Ejecutivo italiano hizo pública ayer en una nota oficial en la que aseguraba que el rechazo a la extradición del terrorista sería "inaceptable". Por su parte, el ministro de Justicia italiano, Angelino Alfano, ha subrayado que el gobierno de Silvio Berlusconi "ha hecho todo lo que ha podido, jurídica y políticamente" para conseguir la extradición del terrorista.
A pesar de la decisión, Battisti no podrá salir de prisión hasta el próximo mes de Febrero. Será entonces cuando el Tribunal Supremo brasileño deberá acordar si la decisión tomada por Lula se ajusta o no al Tratado de Extradición firmado por los dos países.
¿Nueva crisis diplomática?
La decisión tomada por parte del todavía presidente brasileño podría tener consecuencias negativas para las relaciones diplomáticas entre ambos países. Preguntado al respecto, el ministro de exteriores brasileño aseguró no sentirse preocupado e insistió en que Brasil "ha tomado una decisión soberana dentro de los términos del Tratado".
Sin embargo, las primeras reacciones no se han hecho esperar. El ministro italiano de la Defensa, Ignazio La Russa, ha calificado la decisión de Brasil como "ofensiva". La Russa aseguraba ayer en una entrevista concedida al Corriere della Sera que la decisión de Brasil de no extraditar al terrorista "tendría consecuencias políticas" y anunciaba que está dispuesto a apoyar iniciativas encaminadas al boicot del país sudamericano. "Llamaré a los tres oficiales (del Ministerio de Defensa) que están trabajando en un proyecto de cooperación con Brasil y les preguntaré si están seguros de querer seguir en un país donde en un autobús te puedes encontrar de frente a un asesino".
Un poco más comedido pero igualmente firme en sus declaraciones se mostraba recientemente el ministro de Exteriores italiano, Franco Frattini, que aseguraba que una respuesta negativa a la extradición del terrorista haría que el presidente Lula "acabara su mandato de un modo oscuro".
En una nota hecha pública ayer por el ministerio de Exteriores, Frattini ha anunciado que el gobierno italiano "considerará todas las medidas necesarias para obtener el respeto del tratado bilateral de extración en conformidad con el derecho brasileño".
Ya en enero de 2009 –con Frattini como responsable de Exteriores- Italia llamó a consultas a su embajador en Brasil como protesta por la petición de la Fiscalía brasileña de archivar el caso después de que Lula concediera al ex terrorista el estatus de refugiado político a pesar de permanecer encarcelado.
A finales del 2009 el Tribunal Superior brasileño declaró ilegítimo el estatus de refugiado político y autorizó la entrega del terrorista a Italia, sin embargo, la decisión final le correspondía al presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, que precisamente dejará su mandato en manos de Dilma Rousseff a partir del próximo 1 de enero
Este jueves, Eduardo Suplicy, senador del partido de Lula, aseguraba en una entrevista al periódico italiano 'Il Reformista' que Berlusconi habría asegurado a su homólogo brasileño no interferir en la decisión del país sudamericano ni crear polémica en caso de que Brasil decidiera no conceder a Italia la extración del terrorista. Sin embargo, desde el Ejecutivo italiano se han apresurado en desmentir esta información asegurando que Berlusconi siempre ha defendido que Battisti sea entregado a la justicia italiana. Precisamente el embajador de Brasil en Italia, Jos Viegas Filho, y el subsecretario a la presidencia Gianni Letta, se reunieron el pasado 21 de diciembre en Roma para tratar este asunto.
Suplicy asegura en la entrevista que la condena a prisión perpetua y la extradición "es una contradicción con la Constitución brasileña"porque no existen garantías suficientes "de que los procesos se hayan desarrollado respetando el derecho de defensa del imputado". Para el senador brasileño "la acusación se basa en testimonios de ex militantes arrepentidos" de "dudosa credibilidad".
Cesare Battisti, de 56 años, fue condenado a cadena perpetua después de que un Tribunal italiano le declara culpable del asesinato de dos policías, un carnicero y un joyero entre 1977 y 1979. Battisti consiguió escapar de la cárcel en 1981 y refugiarse primero en México y después en Francia, donde fue arrestado. Sin embargo la justicia francesa niega en un primer momento su extradición a Italia. En Francia comienza a escribir y a publicar varios libros hasta que en el 2004, poco antes de que fuera finalmente extraditado, huye al país sudamericano. En marzo de 2007 es arrestado en Brasil donde permanece encarcelado desde entonces. Battisti siempre se ha declarado inocente de todas las acusaciones.
Condena de las víctimas
Paolo Bolognesi, presidente de la Asociación de Víctimas del atentado del 2 de Agosto de 1980 en Bolonia –en el que perdieron la vida 50 personas y más de 200 resultaron gravemente heridas- ha denunciado en una nota que se trata de un hecho "grave e indigno para un país que se define democrático como Brasil". Bolognesi ha señalado como principales responsables también al gobierno italiano "incapaz de tutelar la dignidad del país y de las víctimas del terrorismo".
Una de las víctimas de Battisi, Alberto Torreggiani, hijo del joyero asesinado por el ex terrorista en 1979, ha anunciado que continuará con su lucha porque "esta no es una cuestión personal sino que abre un precedente muy peligroso". El Mundo
