El Ministerio Público tiene constancia de 1.597 matanzas por parte de ex miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), así como el desplazamiento forzado masivo de 74.990 comunidades y el reclutamiento de 3.557 menores de edad.
Los registros judiciales indican que los antiguos ultraderechistas cometieron 3.532 extorsiones 3.527 secuestros, 677 delitos de violencia de género y 68 de narcotráfico, además de 28.167 "de otras conductas" que la fuente no precisa.
Los tipos penales han sido documentados por la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz, jurisdicción especial de la Fiscalía General creada en virtud de la llamada Ley de Justicia y Paz, adoptada en junio de 2005 como marco jurídico para la reinserción de las AUC.
Esta organización se disolvió a mediados de 2006 tras el desarme de más de 31.000 paramilitares, dentro de un proceso con el Gobierno del entonces presidente, Álvaro Uribe, que gobernó en dos períodos, de 2002 a 2010.
Las AUC fueron creada en 1997 con bandas paramilitares con trayectorias que se remontaban incluso hasta los años ochenta del siglo pasado.
Del total de desmovilizados, casi 4.000 han sido notificados por el Ministerio del Interior y de Justicia para comparezcan ante la jurisdicción especial, que ha solicitado audiencias de imputación o de formulación de cargos contra 498 de los admitidos.
En un informe divulgado en Bogotá, la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz precisó que los casos documentados desde su entrada en funciones y hasta el pasado 1 de diciembre.
El informe también indica que las confesiones de los ex paramilitares han permitido hallar y exhumar 3.037 fosas comunes en las que fueron encontrados 3.678 cadáveres, de los cuales 1.323 han sido identificados.
Las familias han recibido ya los restos de 1.207 de ellos, según la misma fuente, mientras que otros 748 tienen identificación preliminar y se tiene pendiente la entrega de 116.
Los casos documentados y las confesiones también han permitido establecer la presunta vinculación con ellos de 429 políticos, 381 miembros de las fuerzas de seguridad y 155 funcionarios civiles, además de otras 7.067 personas (particulares), según el mismo informe. El Mundo
