Los ajustes de cuentas crecen en Perú al mismo ritmo que el país se consolida como el principal exportador de cocaína del mundo. En 2010, 78 personas fueron asesinadas por ajustes de cuentas relacionados con el narcotráfico, según la investigación 'La narcoviolencia en el Perú: La nueva guerra'.
Los asesinatos se cometieron en 14 regiones del país, principalmente en zonas de producción, tránsito y embarque de cocaína rumbo a Europa. Paralelamente, también aumentó el número de enfrentamientos a balazos entre narcotraficantes y las fuerzas del orden. Estos choques ya no sólo se producen en las rutas de la droga proveniente de los tradicionales valles cocaleros, sino que se han extendido a la región de Loreto y Ucayali, en el oriente del país.
"El incremento y la expansión de la violencia de los narcotraficantes revela un proceso de mexicanización del narcotráfico en el país", considera Jaime Antezana, autor de la investigación. El experto ha emprendido este estudio ante la ausencia de informes oficiales que muestren la dimensión real de la 'narcoviolencia'. Antezana ha documentado 11 enfrentamientos entre narcotraficantes y la policía sucedidos en 2010.
"Los sicarios que protegen los cargamentos de droga nunca antes se habían enfrentado directamente a la policía. Ahora están adoptando el modelo de los sicarios mexicanos", dijo.
A partir del año 2000, y tras la caída de los grandes cárteles colombianos, en Perú se han posicionado paulatinamente cárteles mexicanos, especialmente el de Sinanola, según confirma la Policía Antidrogas. Aunque son las "firmas" peruanas las que se encargan de producir la cocaína, transportarla hasta la costa y camuflarla en cargamentos comprados de antemano por los cárteles mexicanos, los mexicanos actúan como exportadores.
Muerte en el trapecio amazónico
La provincia de Ramón Castilla, en el departamento amazónico de Loreto, tiene el triste record de ser la zona que concentró más ajustes de cuentas a nivel nacional. Pelotones de sicarios asesinaron y desaparecierona 17 personas en 2010.
Ramón Castilla es una provincia selvática peruana, sin carreteras y sólo comunicada a través del río Amazonas. Fronteriza con Colombia y Brasil, esta apartada región es testigo del avance del narcotráfico en el país y se ha convertido en tierra de nadie.
La ola de violencia comenzó en el año 2008, cuando se iniciaron los enfrentamientos entre dos organizaciones peruanas dedicadas al narcotráfico en la triple frontera, 'Los Galleros' y la banda de Jair Ardela Micchue, alias 'Javier', bandas que en la actualidad siguen disputándose el suculento negocio.
En octubre de 2008, 'Javier' resultó herido y fue trasladado desde el poblado de Santa Rosa, fronterizo con las ciudades de Tabatinga (Brasil) y Leticia (Colombia), hasta la ciudad peruana de Iquitos en un avión de la fuerza aérea. El cómo logró llegar hasta un hospital privado de Iquitos desde la frontera, contratando para ello un avión del ejército, es un caso plagado de irregularidades. Como también lo es el hecho de que dos años después, 'Javier', con pedido de búsqueda y captura por Interpol en Brasil y Colombia, fuera liberado por la jueza Elena Vásquez Ortega aduciendo que el nombre del procesado no coincidía por una letra con el buscado internacionalmente.
Coincidiendo con su liberación, en abril del 2010, varios grupos de narcotraficantes ingresaron a las comunidades de etnia Ticuna de Hawai, Ramón Castilla, Mario Rivera y Gamboa y ahuyentaron a sus pobladores para poder instalar centros de procesamiento de droga. Una carta enviada a Radio La Voz de la Selva por los profesores de las 4 escuelas de estas localidades del trapecio amazónica destapó a la opinión pública lo sucedido.
La provincia de Ramón Castilla es una zona tradicionalmente productora de hoja de coca. Sin embargo, es la primera vez que registra enfrentamientos directos entre firmas del narcotráfico, asesinatos selectivos y desplazamiento de comunidades por ejércitos de sicarios, señala el especialista Jaime Antezana.
Sendero Luminoso expande su radio de acción
Los remanentes de Sendero Luminoso, que operan en alianza con narcotraficantes en el Valle del Río Apurímac y Ene (VRAE) y en el Valle del Huallaga, habrían ampliado su margen de influencia a otras provincias andinas, rutas de paso de la cocaína proveniente de estos valles.
Según el informe 'Narcoviolencia en el Perú: La nueva guerra', 5 nuevas provincias (Concepción y Jauja, en el departamento de Junín; Abancay y Andahuaylas en Apurímac; y La Convención, en el Cusco) fueron escenarios de emboscadas y choques contra las fuerzas del orden
Fruto de estos atentados, 14 policías y militares y 2 trabajadores del Proyecto Especial de Control y Reducción de Cultivos de Coca (Corah) fueron asesinados en 2010.
En el caso del Valle del Huallaga, la facción de Sendero liderada por el 'camarada' Artemio retomó los atentados para evitar la erradicación de cultivos de coca y se enfrentó a las fuerzas del orden, asesinado a 5 policías y militares. Además, sicarios de esta organización mataron dentro de su área de influencia a 7 pobladores, acusándolos de 'soplones'.
En el VRAE, donde opera otra facción de Sendero Luminoso, liderada por el camarada 'José', en 2010 se registraron 17 enfrentamientos y atentados con el resultado de 12 policías y militares asesinados y 26 heridos.
El VRAE es el mayor valle cocalero del mundo, según cifras de Naciones Unidas, que señala que Perú en 4 años ha pasado de 40 mil a casi 60 mil hectáreas de hoja de coca cultivadas. El Mundo
