La carretera 107 que une a Buenos Aires con el delta que forman los ríos Paraná y Uruguay, discurre por un paisaje en constante mutación. Donde hace un tiempo había un bosquecillo de juncos y sauces, hoy se asientan los bungalós de un nuevo barrio cerrado, con su propia laguna, centro comercial, spa y escuela bilingüe.
Lo mismo ocurre en otras zonas de la periferia urbana, donde en la última década se han edificado más de veinte countries, como se apodan los condominios que elige el sector de mayores ingresos, para huir del ruido y la aglomeración de la ciudad. A algunos de esos barrios, como el de Isla de Santa Mónica, sólo se puede acceder navegando o en helicóptero.
El negocio de las inmobiliarias de alta gama iba viento en popa hasta que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, decidió sacar una tajada de los terrenos sobre los que construyen, para levantar viviendas sociales. No hubo un anuncio formal al respecto ni nada que preparase a los empresarios del sector, para la sorpresa que Scioli les tenía preparada.
La idea consiste en que los countries que excedan los 5.000 metros cuadrados, cedan el 10 por ciento de la superficie que ocupan en beneficio de los nuevos vecindarios, que se financiarían con dinero del estado. El proyecto de ley, que también afectaría a los cementerios privados y a los centros comerciales llegaría a fin de este mes a la asamblea legislativa de la provincia.
"Puede sonar comunista. Pero solo estamos actualizando una ley que se promulgó en tiempos de la dictadura", explicó el administrador general del Instituto para la Vivienda, Gustavo Aguilera, anticipando las protestas del sector inmobiliario, que no tardaron en manifestarse. "¿Por qué no aplicar el mismo principio a los barrios abiertos del conurbano (el extrarradio de Buenos Aires), donde el nivel de ingresos no es menor al de los countries? A mí el proyecto de Scioli me huele a propaganda electoral. Suena bonito aporrear a la gente de los barrios cerrados y a los constructores en un año electoral", dijo a la prensa Manuel Liebenshon, de la constructora Nueva Ciudad.
Rodrigo Ibarne, propietario de una quinta en el country de Altos del Pilar, pone el dedo en la llaga que ni el gobernador ni los empresarios se atreven a tocar.
"No es un problema de espacio. A una inmobiliaria no le afecta en nada ceder el 10 o el 20 por ciento del terreno. La cuestión es que nadie va a comprar una propiedad que tenga por vecinos a los residentes de un barrio pobre. En vez de andar con rodeos, el gobernador debería decir que no quiere más countries en su provincia y punto", señala Ibarne.
El polémico proyecto también contempla aumentar el impuesto a los propietarios de terrenos baldíos inutilizados y el cobro de una plusvalía para los terrenos rurales que sean recalificados como lotes de construcción. Un plan similar se implementó en la municipalidad de Trenque Lauquen, donde 360 lotes que estaban destinados a la edificación de un barrio exclusivo fueron asignados a la construcción de viviendas sociales. Consultado por el diario La Nación, el intendente de esa localidad, Raúl Seito, afirmó: "no queremos guetos para ricos.Aquí todos deben vivir en armonía". El Mundo
