Como las peleas con la Iglesia Católica se convirtieron en una suerte de rutina, nadie creyó que el presidente Evo Morales querría zanjar el asunto de una vez y para siempre. Menos que fraguaba una medida tan drástica como retirarle a la Iglesia el beneficio de no pagar impuestos y considerar las propiedades de la curia como patrimonio del Estado.
La decisión del Gobierno fue informada por el vice-ministro de Descolonización, Félix Cárdenas quien la justificó en el hecho de que la Constitución reconoce la separación entre el Estado y la Religión en el país andino.
“Bolivia no es una teocracia. Como cualquier institución, la Iglesia Católica tiene sus derechos y sus obligaciones. Entre la obligaciones figura la de rendir cuenta de sus haberes y pagar impuestos. Nunca los pagó y ese ha sido uno de sus privilegios”, puntualizó el ministro.
Pese a que Cárdenas trato de desdramatizar el anuncio, comparando a una institución de tanto peso en la sociedad con una empresa automotriz, nadie ignora la trascendencia de las leyes que se están gestando.El filósofo Norberto Pedrales las comparó con la expulsión de los Jesuitas de América en el siglo 18.
Aunque nadie pretenda expulsar a los curas de Bolivia, no es una nimiedad que el Estado o para todos los efectos el Gobierno de Morales, se convierta en el propietario de las tierras donde están asentados los 1.460 establecimientos educativos y las 1.600 parroquias,santuarios o conventos que administra la Iglesia.
Tampoco es un asunto baladí que la Universidad Católica Boliviana, con sede en cuatro ciudades o los colegios Don Bosco y San Ignacio donde se educa la crema y nata de la sociedad, deban tributar a Hacienda. El Mundo
