Después de haber tenido que cavar seis tumbas en poco más de un año para enterrar a los suyos en Ciudad Juárez, nadie puede afirmar que México haya protegido a la familia Reyes Salazar. De hecho, a pesar de las promesas y de las peticiones de las organizaciones de derechos humanos, las últimas tres ejecuciones de tres de sus miembros han demostrado justo lo contrario.
Y es tan evidente dentro como fuera del país. Hasta tal punto, que cuatro países han ofrecido ya asilo a los familiares que aún quedan vivos y que siguen bajo la amenaza de ser asesinados desde que su apellido acompaña a las denuncias de los feminicidios de Ciudad Juárez y de los abusos de los militares desplegados en la zona para combatir el crimen organizado.
Canadá, Francia, Venezuela y Estados Unidos les han ofrecido refugio, según ha confirmado Saúl Reyes Salazar, que ya ha visto los cadáveres acribillados a tiros de cuatro hermanos, un sobrino y una cuñada, y ahora teme por sus propios hijos.
Aún no han decidido dónde irán, pero sí están valorando la posibilidad de abandonar el Valle de Ciudad Juárez. El único destino que han descartado desde el principio es EEUU porque, como declaró a ELMUNDO.es Marisela Reyes, otra de las hermanas (eran 10 antes de los asesinatos) consideran al vecino del norte "responsable y culpable de lo que ocurre en Ciudad Juárez".
En cualquier caso, vayan donde vayan, los Reyes Salazar han asegurado que seguirán con su lucha por esclarecer los crimenes de sus hermanos y por denunciar lo que ellos sostienen que son crímenes de grupos paramilitares protegidos por el ejército mexicano contra todo aquel que se atreve a protestar por su actuación en Ciudad Juárez.
Eso creen que fue lo que pasó cuando mataron a la activista Josefina Reyes Salazar, que dedicó los últimos diez años de su vida a denunciar los asesinatos de mujeres y los últimos días de su vida a gritar que a su hijo Julio César, la primera víctima de la familia, lo mataron los militares que se lo llevaron.
Poco después apareció muerta ella. Y siete meses después, su hermano Rubén. Y el viernes pasado otros dos hermanos, Malena y Elías, además de la mujer de éste, Luisa Ornelas Soto, que habían sido secuestrados el pasado 7 de febrero.
Ayer sábado, después de velar a sus muertos frente a la Fiscalía como muestra de su protesta por la no actuación de las autoridades, la familia volvió a ir de entierro, acompañada por centenares de amigos y activistas de derechos humanos, así como de, esta vez sí, 27 coches de policía con seis agentes cada uno. El Mundo
