La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, informó este lunes de que 23 personas fueron detenidas y se ha ordenado la detención de otras 112, por supuesta implicación en una "masiva estafa inmobiliaria" en una investigación en la que participan 99 fiscales.
Se trata de dueños de empresas de construcción de viviendas y de otras instancias diversas vinculadas a esa actividad, entre ellas algunos bancos, sostuvo la fiscal en rueda de prensa.
Tras reunirse con algunas víctimas de la estafa, cometida contra un número aún por determinar de particulares que a través de esas empresas gestionaron la adquisición de una propiedad inmobiliaria, la fiscal dijo que "el Ministerio Público logró sensibilizarse aún más en este tema, que constituye un asunto de Estado".
Además de los detenidos y buscados, Ortega dijo que se han dictado 161 medidas de prohibición de salida del país y otras 205 de congelación de cuentas bancarias e impedimento de enajenar y gravar propiedades. Se trata, subrayó, de disposiciones "contra los bienes de los dueños de empresas" involucradas, que no citó.
"Ni siquiera puedo señalar el nombre de las personas con orden de captura", pero los allanamientos continúan y "es posible que hoy se dicten medidas también contra municipales que otorgaron permisos de habitabilidad sin que la obra estuviera terminada", agregó.
Las víctimas "pagaron precios exorbitantes" por pisos en edificios construidos en terrenos "que ni siquiera eran propiedad" de las inmobiliarias y el asunto se extiende prácticamente por todo el país, según precisó Ortega. "Los estados Amazonas (suroeste) y Vargas (noreste) son los únicos donde no hay estafa inmobiliaria", precisó la Fiscal.
El presidente del país, Hugo Chávez, ha insistido en las últimas semanas en que se perseguirán estos delitos, en medio de una campaña para afrontar la crisis de vivienda que sufre el país. El Mundo
