"Soy colombiano y desde ayer estoy desempleado: quiero saber cuánto tarda en gestionarse el retorno para mí y para mi familia". La pregunta viene desde el público, muy numeroso, que se ha reunido a alrededor de esta mesa de discusión sobre los dos últimos años de políticas migratorias en España. Como su historia, otras tantas han alimentado un extenso debate en torno a los programas de regreso voluntario al país de origen, desarrollado este miércoles en la Casa de América de Madrid.
Desde 2009, han solicitado el retorno 23.494 personas ,en las tres modalidades que posee el plan financiado por el Estado, explica Estrella Rodríguez, directora general de Integración del Ministerio de Trabajo e Inmigración, que participa del panel. "Son proyectos que vienen del ámbito del refugio y el asilo, que contaban con pequeñas partidas para aquellos inmigrantes que se encontraban en situación irregular y querían volver a su país", señala.
Estas políticas se hacen visibles, relata, en 2003, cuando el Gobierno firma un acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones, aunque la cifra de beneficiarios sigue siendo discreta hasta 2008. Dos años después, en 2005, empieza a tomar forma el Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración, que actualmente está siendo reformulado, y abarcaba las acciones de retorno voluntario.
"La demanda era muy baja y algunas organizaciones no gubernamentales, encargadas de la gestión de los regresos, devolvían el dinero que no alcanzaban a gastar, hasta que empezamos a tener listas de espera". Como indica Rodríguez, la gran presión provenía de quienes solicitaban el "retorno voluntario de atención social", una modalidad para tramitar la vuelta a casa que pueden pedir todos los inmigrantes, en situación regular o irregular, pero sin recursos económicos. En la práctica, acogió a una mayoría de personas sin papeles.
A esta vía de regreso, se suma en diciembre 2009 la posibilidad deacumular el seguro de desempleo y cobrar el dinero fuera del país, a través del Programa de Abono Anticipado de Prestación a Extranjeros (APRE). "Antes, los inmigrantes que se quedaban sin trabajo recibían su seguro, pero no podían sacarlo de España".
La modificación, que llegó aquel año con la Ley de Extranjería, les permitía percibir un monto del total con anterioridad a la partida y el resto, en su tierra. "Pueden regresar con este capital para invertirlo en una pequeña empresa o encontrar otra salida laboral", apunta Rodríguez. Son 17.168 personas las que han vuelto por este camino desde entonces y la cuantía media de la prestación acumulada asciende a 9.600 euros.
Además de contar con la prestación de desempleo, los beneficiarios deben ser nacionales de uno de los 20 países que han firmado un convenio de seguridad social con España. "Esta cláusula tiene como objeto garantizar los derechos de la persona una vez que regrese".
La alternativa, para aquellos inmigrantes que no reúnan ambos requisitos, es optar por el retorno de atención social. A través de este programa,6.227 personas han dejado España desde finales de
Una tercera modalidad, y la que Rodríguez consideradebe ser mejorada, está representada por el retorno productivo, un proyecto piloto que tiene como propósito formar al inmigrante para que a su regreso pueda instalar una pequeña empresa, que contará con el acompañamiento y seguimiento técnico desde España. Son 99 las personas que han vuelto con este programa desde hace alrededor de un año.
El dinero no alcanza
En las tres instancias de retorno, el Gobierno se hace cargo de los gastos de transporte del inmigrante y su familia hasta su país de origen. Rodríguez reconoce que hubo problemas con el financiamiento de estas ayudas en los últimos meses, aunque no sucedió lo mismo con la capitalización del desempleo. "Se acercaron más personas de las que teníamos previstas", argumenta.
El compromiso que asume el inmigrante de permanecer tres años en su tierra, una vez que ha accedido al regreso voluntario, fue el motivo de buena parte de las consultas que hizo el público a la mesa de especialistas. "Cómo compaginamos la seriedad de un proyecto del que quiere retornar de modo que no terminemos pagando billetes de ida y vuelta y unas vacaciones". Así explica Rodríguez los porqués de la "declaración de retorno" que los inmigrantes deben firmar antes de irse.
La directora de Integración insiste en el carácter "voluntario" del programa: "El gobierno no empuja, no les pone una pistola en la cabeza a los inmigrantes para que se vayan porque están en el paro". E insta a tomar en consideración las estadísticas, debido a que hay un 40% de desempleo entre la población extranjera en España.
Los planes de retorno, aclara, son parte de las políticas de integración yno pueden estar sujetas a la coyuntura económica. La maduración de un proyecto migratorio depende de cada persona, dice. "El tiempo que lleva aquí -asegura- se acumula: a los tres años tiene prioridad para volver y el contador no se pone a cero, sino que se tiene en cuenta y le quedan dos años para obtener la tarjeta permanente".
Resultados 'malos' y 'pocos'
Rodríguez admite que es momento de hacer un "análisis crítico" de los programas de retorno, que no van a funcionar si no es de forma conjunta con el país de origen, si no se consigue su transnacionalidad. "Falta mayor trabajo de nuestra parte para mejorar las condiciones de reinstalación de las personas e implicar más a la cooperación española y a las organizaciones no gubernamentales que tienen presencia, tanto en nuestro país, como en el lugar de destino de la persona para arropar su ingreso".
Para Carlos Jiménez, director del Instituto de Investigación sobre Migraciones, Etnicidad y Desarrollo Social de la Universidad Autónoma de Madrid, también presente en el panel, el regreso espontáneo forma parte de los procesos migratorios desde principios del siglo XX, pero es un fenómeno multidimensional y poco estudiado. "Hay políticas de retorno que lo tratan como si fuese un traslado espacial con ayuda financiera, pero hay otros aspectos de reemigración que, si no se toman en cuenta, harán que todo sea un fracaso".
En el caso de España, según el catedrático, los resultados han sido "muy malos y muy pocos" y las acciones emprendidas no se encuentran a la "altura de las circunstancias". Es necesario, asegura, prestar atención a la experiencia internacional y a la propia y conocer las "buenas prácticas" migratorias que se han desarrollado fuera del país. "La cuestión jurídica no ha estado adecuadamente diseñada y tampoco el papeleo requerido", observa.
El paso a paso de las gestiones generó varias consultas a los ponentes y puso en evidencia que la falta de información es una de las debilidades de los programas de retorno. Esa es la conclusión a la que arribaron muchos de los participantes y que demostró un estudio de casos de regreso voluntario de inmigrantes, presentado por la Asociación de Cooperación Bolivia-España (Acobe), que completaba la mesa de expositores sobre el tema.
Los tres programas de regreso
La Secretaría de Estado, Inmigración y Emigración del Ministerio de Trabajo cuenta con un directorio de entidades, que gestionan el programa de retorno voluntario, en sus tres modalidades.
- Retorno voluntario de atención social. Está destinado a personas sin recursos, tengan o no su documentación en regla. Deben haber residido seis meses en España, firmar la declaración de retorno por tres años y no tener prohibición de salida del país. Se les informa sobre los trámites que deben realizar, se les entregan 50 euros por persona, hasta un máximo de 400 por unidad familiar. Al llegar a su destino, reciben otros 400 euros por persona para su instalación y un máximo de 1.600. También se financia el viaje del solicitante y su familia y los medicamentos si son necesarios.
- Retorno voluntario por capitalización de desempleo. Pueden solicitarlo personas que tengan prestación de paro y que pertenezcan a un país que tenga acuerdo de seguridad social con España. También se exige la declaración de compromiso y estar libre de toda prohibición de salir por la Justicia. Una vez otorgado, los solicitantes reciben una ayuda complementaria de 50 euros por persona y hasta 400 por familia, además de los billetes de avión y los medicamentos. El 40% de su prestación se cobra antes de dejar el país y el resto, en su tierra.
- Retorno productivo. También es de carácter voluntario. Los requisitos son haber residido en España durante los últimos seis meses, firmar una declaración voluntaria y no tener problemas legales para abandonar el país. Se trata de formar a la persona para que tenga competencias para salir adelante en su país, a través de una iniciativa empresarial pequeña. Recibe el dinero y asistencia para el viaje, así como 400 euros para su primera instalación y un monto para la puesta en marcha de su proyecto, que va desde los 1.500 euros hasta los 5.000, en el caso de las cooperativas. El Mundo
