Se abre la puerta en el subsuelo de los tribunales y aparece el principal acusado en la causa por robo de bebés, durante la última dictadura. El ex presidente de facto Jorge Rafael Videla, rebosante de salud a sus 85 años, camina erguido hacia el banquillo de los acusados con uno de esos trajes a medida, que encarga desde la cárcel de Campo de Mayo, donde cumple varias condenas por un sinfín de delitos de lesa humanidad.
Le sigue Reynaldo Bignone, el último dictador de la historia argentina, también imputado por secuestro de menores. Bignone tiene 82 años pero parece el padre de aquel otro.
Este lunes dio comienzo el juicio contra los ex dictadores y seis de sus cómplices en la “sustracción, retención, ocultamiento y sustitución de menores de 10 años”.
En el juicio a cargo del Tribunal Oral 6, también comparece el ex capitán de corbeta Jorge “El Tigre” Acosta, el que tomara la decisión de arrojar al mar los cadáveres de las monjas francesas Duquet y Domon y los de tres integrantes de las Madres de Plaza de Mayo.
Según la organización de las Abuelas de Plaza de Mayo, querellante en esta causa, en el período comprendido entre 1976 y 1981 fueronsustraídos unos 500 bebés o niños pequeños, de los cuales 102 recuperaron su identidad biológica.
Durante el juicio que duraría 8 meses, se ventilarán los hechos ocurridos en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA) donde además del mayor centro clandestino de detención y tortura del país, funcionaba una verdadera maternidad, con sala de partos y sala-cuna incluida. Lo mismo ocurría en menor escala en la cárcel de Campo de Mayo, cuando la máxima autoridad era Reynaldo Bignone.
Los militares sustraían a las criaturas nacidas allí o que eran recluidas junto con sus madres, y las entregaban en adopción a familias pertenecientes al régimen o afectas a él.
El tráfico de menores era visto como una especie de redención para los pequeños, que en vez de criarse con sus padres biológicos, del bando “subversivo”, se educarían en hogares católicos y patrióticos.
En los círculos militares se hablaba libremente de la "evangelización de los inocentes" por lo que Videla y sus secuaces no podrán alegar desconocimiento de los hechos.
En un gesto muy propio de él, en la víspera de la primera audiencia de este juicio, el ex presidente de facto pidió la renuncia a sus dos abogados, ya que según dijo "la mejor defensa es decir la verdad por boca propia".
Haciendo gala de un aplomo que desconcierta a los jueces, a los testigos y a la opinión pública, el cabecilla del golpe de estado de 1976, cuestionó la autoridad del Tribunal para juzgarlo, como hizo en diciembre del 2010 cuando fue sentenciado a cadena perpetua por el asesinato de 31 presos políticos en un penal de Córdoba. El Mundo
